El presidente del departamento peruano de Áncash, César Álvarez, se ha
entregado este viernes ante a justicia para responder a los presuntos delitos
de corrupción y del asesinato de Ezequiel Nolasco, adversario político que fue
hallado muerto el pasado mes de abril, de acuerdo con la información del diario
peruano 'El Comercio'.
Álvarez fue señalado en varias ocasiones como el autor intelectual del
asesinato de hasta nueve opositores políticos desde que asumió la Presidencia
de Áncash, en 2007. Sin embargo, siempre ha conseguido salir indemne, hasta el
reciente asesinato de Ezequiel Nolasco --su futuro rival en las elecciones
regionales--, lo que ha motivado que se instase a reabrir los casos.
Ahora, la Justicia peruana parece haber recopilado las pruebas
suficientes para ordenar su detención preventiva, al igual que las de casi una
treintena de personas más, que también podrían estar vinculadas de alguna forma
al asesinato de Nolasco.
Horas antes de que Álvarez se entregase a la justicia, el presidente de
Perú, Ollanta Humala, se ha referido a este tema, afirmando que "las
acciones emprendidas por el Ministerio Público y el Poder Judicial en Áncash
buscan pacificar esa región". Por ello, ha alabado el trabajo coordinado
de todas las instituciones y ha instado a no retroceder en su labor.
Asimismo, el mandatario peruano ha destacado la decisión adoptada por el
Ministerio Público de trasladar a Lima las investigaciones relacionadas con el
caso Áncash, con el objetivo de evitar presiones y amenazas contra los fiscales
provinciales por parte de organizaciones criminales.
LA ORDEN DE CAPTURA
El Tercer Juzgado Penal Nacional, con sede en Lima, ordenó el pasado
jueves la detención de 29 personas, entre las que se encuentra el presidente
del departamento de Áncash, por el presunto delito de asociación ilícita y de
homicidio calificado del consejero regional Ezequiel Dionicio Nolasco Campos.
Se trata de una detención preliminar hasta por quince días, de acuerdo
con la información facilitada por el Ministerio Público, que explicó que hasta
19 de los acusados estarían vinculados al homicidio. De la misma forma, se
ordenó el allanamiento de diversos inmuebles para garantizar la eficacia de las
medidas solicitadas.
El abogado de César Álvarez ya había confirmado que su cliente se
pondría a disposición de los jueces que le requerían, como finalmente ha
ocurrido --tras un día prófugo--, "sin llegar a pasar a la
clandestinidad". El Congreso de Perú también inició una investigación
contra Álvarez y sus principales allegados por este mismo suceso.
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