La
fiscal suprema de Control Interno, Nora Miraval Gambini, ha resuelto que los
fiscales del Santa que allanaron ‘La Centralita’ cometieron delito de abuso de
autoridad y por eso deben ser sometidos a investigación preparatoria.
Por Daniel Yovera
Periodista de investigación
Tomado de LaMula.pe
Un golpe al corazón de este caso
emblemático.
Pero un puntazo para el congresista
Heriberto Benítez y el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quienes
quizás ahora sientan un poco de alivio.
El documento, enviado por Nora
Miraval a Carlos Ramos el jueves de la semana pasada, opina por que se
formalice y continúe con la investigación preparatoria que se sigue contra los
exfiscales César Jiménez Rodríguez, Javier Estrada Rodríguez, Miguel Vilca
Zavala y Cristian Aceijas Silva por abuso de autoridad.
“Se debe formalizar y continuar con
la investigación preparatoria contra los doctores… por la presunta comisión del
delito contra la administración pública – abuso de autoridad en agravio del
Estado y de Heriberto Benítez Rivas, con relación a la segunda imputación: b)
haber practicado la diligencia de allanamiento (autorizada judicialmente, en el
marco del caso No 052-2011, para el inmueble ubicado en Urbanización La Caleta,
esquina de la calle Los Cedros No 600… en parte del inmueble sobre el cual no
tenía autorización judicial, esto es, en el domicilio del denunciante Heriberto
Benítez Rivas (tercer piso del inmueble…)”, señala la parte decisoria del
documento de 69 páginas.
Como se recuerda, el 11 de julio de 2011
un grupo de fiscales anticorrupción del Santa, dirigidos por su coordinador,
César Jiménez Rodríguez, allanaron la denominada ‘La Centralita’. Lo hicieron
con una resolución judicial que los autorizaba a intervenir en el inmueble
“ubicado en la Urbanización La Caleta, esquina calle Los Cedros número 600,
Chimbote”.
Los fiscales no ingresaron por la
calle Los Cedros, sino por la puerta de la calle Los Pinos No 600. Y es que el
inmueble estaba ubicado en una esquina y tenía dos puertas de acceso. La de la
calle Los Cedros permitía el acceso a oficinas ubicadas en el primer piso, y la
de la calle Los Pinos, a los ambientes de los pisos segundo y tercero. En este
último se encontraba el departamento de Benítez Rivas.
A FAVOR DE HERIBERTO BENÍTEZ
Pese a que el juez penal del Santa
que autorizó la diligencia, Richard Concepción Carhuancho, ha dicho que él
suscribió la orden para allanar “todo el inmueble”, Control Interno de la
Fiscalía señala que los cuatro fiscales del Santa debieron ser precisos en su
solicitud.
“Los fiscales denunciados
lograron advertir que los ambientes a donde ingresaban se trataban de
habitaciones alquiladas, que constituían domicilios (…) pese a carecer de
autorización judicial sobre los domicilios inexistentes en el interior del inmueble
allanado, los fiscales denunciados, abusando de sus facultades otorgadas por
ley, continuaron con la intromisión de espacios físicos e íntimos (domicilio)
de los demás inquilinos, entre ellos, el del denunciante Heriberto Benítez
Rivas”, dice en la página 55 de su informe Nora Miraval.
A ello se suma el hecho de que las
pesquisas posteriores contra los cuatro fiscales arrojaran que la dirección
“Los Cedros No 600” no existe. La numeración era otra. Sin embargo, lo que no
reconoce la Fiscalía Suprema de Control Interno es que, pese al error, el
objetivo sí era el inmueble que finalmente se allanó.
“Es que una cosa es un error material
al momento de elaborar el acta, y otra es irrumpir en un inmueble distinto al
que han autorizado, y eso no se ve en este caso. Lo que ha debido tener en
cuenta la Fiscalía de Control Interno es la primacía de realidad sobre la
formalidad, que es una regla del Derecho Procesal Penal”, cuestiona el
procurador público anticorrupción, Christian Salas.
El defensor del Estado lamenta que
esta decisión favorezca a la defensa del congresista Heriberto Benítez.
Precisamente, una de las razones por las que el Legislativo decidirá si le
levanta o no la inmunidad a este parlamentario es su presunta irrupción
irregular en la diligencia de allanamiento.
“La Fiscalía de Control Interno está
viendo el tema de las divisiones internas del inmueble, pero eso es una
exageración, un restrictivo de lo que es un allanamiento. En ese inmueble,
independientemente de cuántas habitaciones había, se estaba realizando
supuestas actividades ilícitas. Y Control Interno lo evalúa desde un solo lado,
el de los inquilinos, pero no desde la visión del fiscal, quien ve cables
sueltos, cosas removidas, y entonces, prosigue con la diligencia para ver si lo
removido está oculto en otros ambientes”, señala Salas.
Ahora, el paso siguiente en este
proceso de control interno contra los fiscales que osaron ingresar al “búnker”
de César Álvarez es que el expediente llegue al despacho del fiscal de la
Nación.
Pero Carlos Ramos no debería ver
nuevamente el caso porque ya lo hizo como jefe de Control Interno y tomó
posición en desmedro de los exmagistrados. Tampoco debería verlo José Peláez
Bardales, quien como fiscal de la Nación despidió a los referidos fiscales.
Entonces, solo quedarían en el “bolo”
los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera, quien a
inicios de año votó a favor de Ramos Heredia como nuevo mandamás del Ministerio
Público.
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